Editorial ABC: Sombras en los fondos de rescate

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El Gobierno de Pedro Sánchez se caracteriza por dar prioridad a los eslóganes frente a los resultados de su política y entre ellos destaca el de «no dejar a nadie atrás». Como suele suceder con los gobiernos de izquierda, el de la coalición del PSOE con Unidas Podemos quiere siempre que se le juzgue por lo que dice, no por lo que hace. Esta táctica puede funcionar un tiempo, cuando la situación económica es favorable y enmascara las decisiones que causan perjuicios a medio o largo plazo. Pero este plazo acaba llegando, con el efecto de desenmascarar los errores cometidos, por ejemplo, con la gestión de los fondos de rescate de empresas estratégicas. La responsabilidad de estos fondos es de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ha reconocido en su informe de 2021 no haber repartido la mayor parte de los 10.000 millones destinados al rescate de empresas estratégicas en crisis.

Las causas de este balance nada favorable son diversas. Algunas empresas que solicitaron fondos no cumplían con los requisitos establecidos para recibirlos, pero otras, con las ayudas autorizadas, no los han recibido aún. En total, de los 10.000 millones de euros, el Gobierno ha repartido solo 3.000 millones, una cifra que no se corresponde con la gravedad de la crisis empresarial que desencadenó la pandemia del Covid. Una crisis que está mostrando su verdadero rostro con la presentación creciente de concursos de acreedores desde que se levantó la moratoria concursal el 30 de junio pasado. El incremento de crisis empresariales llevadas a los Juzgados de lo Mercantil ha superado el 20 por ciento en el mes de julio, y la vuelta del verano se prevé aún más dura, con una reforma concursal que sigue a la espera en el Congreso.

La respuesta del Ejecutivo para gestionar adecuadamente los fondos públicos, europeos o no, de ayudas a la empresa no está siendo eficaz, ni transparente. A los anuncios rimbombantes del ministro o ministra de turno, le sigue una letra pequeña de burocracia administrativa que es difícil de entender y, luego, de aplicar. Le sigue un procedimiento complicado, asistido por personal escaso o insuficientemente formado. De hecho, la SEPI reconoce en su informe que tuvo que ofrecer medio centenar de contrataciones para atender la carga de trabajo que iba a suponer la gestión de los fondos para el rescate de empresas estratégicas, aunque al final solo fueron 20 las personas contratadas. Es comprensible que el dinero público se destine a empresas viables y que se descarten aquellas que no lo sean, pero es probable que la lentitud y la ineficiencia administrativas estén haciendo inviables empresas que habrían tenido opciones de continuidad si hubieran recibido los fondos a tiempo.

La gestión correcta de una crisis con las dimensiones de la actual no puede sustentarse en una sucesión de campañas de propaganda, ni en anunciar objetivos que no se cumplen, ni en culpar a la oposición de la propia impotencia del Gobierno. Es una crisis que pone a prueba la capacidad de reacción de un Estado y de sus mecanismos de cohesión de todas las administraciones para un fin común, salvar el mayor número de empresas y empleos. Tal y como se están administrando los fondos de rescate, con ese turbio episodio de la aerolínea Plus Ultra como síntesis del problema, habrá que confiar en un futuro informe, minucioso e imparcial, del Tribunal de Cuentas –o, en su lugar, en otras vías de investigación– para saber qué ha pasado con las ayudas financieras a las empresas en crisis.

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