La Comisión Europea califica de «desesperada» la situación del Poder Judicial en España

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«Desesperada». Así ven en Europa la situación de la Justicia española en general y de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en particular. Ese el término que ha utilizado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, en la carta que ha remitido al presidente del propio CGPJ, Carlos Lesmes, tras su discurso contundente en la apertura del Año Judicial.

Jourová inicia esa a carta, con fecha del pasado jueves, recordando que la reunión que mantuvo con Lesmes en junio, durante la visita de la vicepresidenta de la Comisión Europea a nuestro país, le sirvió para «comprender la desesperada situación en la que se encuentra el Poder Judicial español». Sobre todo, por la «anomalía institucional» de un CGPJ que va camino de los cuatro años con el mandato caducado por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para desbloquearlo y despolitizarlo.

A continuación, Jourová reitera la postura «clara y repetidamente expresada» por la Comisión Europea a este respecto. Y no es otra que España debe renovar el CGPJ «con carácter prioritario» e iniciar «inmediatamente después» la reforma del modelo actual por el que se designa a 12 de sus 20 vocales, concretamente los que pertenecen a la propia Carrera Judicial. Jourová insiste en que esa reforma del modelo actual es «necesaria» y que debe hacerse «teniendo en cuenta los estándares europeos.

Actualmente y desde hace cuatro décadas, todos los vocales y la presidencia del CGPJ se los reparten los dos grandes partidos en un acuerdo previo que luego las Cortes se limitan a ratificar. Por eso la Comisión Europea lleva tiempo defendiendo que, al menos la mitad del CGPJ, lo elijan los propios jueces sin ninguna injerencia de los partidos para despolitizar este órgano clave para la independencia judicial.

Lealtad y cooperación

Por último, la carta de la vicepresidenta de la Comisión Europea al presidente del CGPJ español finaliza recordando que cualquier «bloqueo» que afecte a las instituciones de un país «es perjudicial para el Estado de Derecho y, por tanto, para el Estado en su conjunto». Añade que el buen funcionamiento de esas instituciones «no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate», por lo que pide «a todos los actores» implicados que resuelvan esta situación con «espíritu de lealtad mutua y cooperación sincera».

En resumen, la Comisión Europea insiste una vez más, aunque cada vez de forma más contundente, en la urgencia de desbloquear el CGPJ y en la necesidad de reformar el sistema para que al menos la mitad de este órgano no dependa en última instancia del acuerdo entre los dos grandes partidos, como viene ocurriendo desde 1985.

La postura actual del PP en esta materia coincide en buena medida con la de la Comisión Europea, pero sólo durante los últimos años, ahora que está en la oposición, y tras enquistarse el bloqueo del CGPJ. El PSOE y el Gobierno, por su parte, se empeñan en renovar ya este órgano, pero se resisten a cambiar el modelo de elección, como exigen las instituciones europeas, la inmensa mayoría de jueces y casi todas las asociaciones judiciales.

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