maría emilia adán garcía: Seguridad jurídica para el futuro

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Europa y España viven sumidas en un contexto de incertidumbre económica y social originado con ímpetu por la pandemia mundial y agravado por la guerra en Ucrania, que se erige hoy en uno de los retos más ambiciosos para la Unión Europea. Y en contextos como el actual, la seguridad jurídica que proporciona la institución registral se ha convertido en una clave de bóveda de la necesaria estabilidad nacional, así como en la bisagra de los cambios económicos y sociales que se avecinan en nuestro país y en el conjunto de Europa.

La Historia alumbra el camino que debemos recorrer en virtud de los éxitos cosechados en el pasado. Por ello, es útil recalar en la importancia que los registros de la propiedad han tenido desde su creación, en 1861, mediante la Ley Hipotecaria. La exposición de motivos de aquel texto sorprende a día de hoy por su lucidez y su atemporalidad. Pocas veces un escrito legal se adelantó tanto a su tiempo, promoviendo la igualdad de los ciudadanos ante las instituciones, facilitando el acceso a la propiedad a quienes antes la tenían vedada, fomentando e iniciando un desarrollo económico que debía acompasarse al desarrollo social.

Los registros hicieron efectivas las leyes desamortizadoras, acercaron la propiedad primero a la burguesía y, a continuación, a todas las capas sociales a través de la creación del Banco Hipotecario, que hizo que muchas familias accediesen al crédito en la segunda mitad del siglo XX. Los registros mercantiles, por su parte, propiciaron la superación de la regulación gremial, de los fueros de los comerciantes al moderno derecho mercantil, que se consolidó en el Código de Comercio de 1885 y que posteriormente evolucionó, a la par de Europa, hasta las modernas leyes de sociedades de capital. Por último, los registros de bienes muebles dieron respuesta a un nuevo modo de riqueza, la riqueza mobiliaria. Primero sobre buques y aeronaves; luego, sobre maquinaria industrial, vehículos a motor… Y cada vez se extienden a más bienes muebles, como las obras de arte o los derechos de televisión de los clubes de fútbol.

Desde que en 1861 la Ley Hipotecaria se fundamentase sobre una base solidaria y advirtiese de la necesidad de poner límites a la mala fe, los registradores deben servir a los ciudadanos, guiándose siempre por los valores que, conforme al artículo 10 de la Constitución española, informan del ordenamiento jurídico.

Hoy, en la encrucijada de la transformación social que requiere el siglo XXI, seguimos mirando al futuro con esperanza, con el compromiso de que los avances económicos se asienten sobre el desarrollo social y con la convicción de que la información a la ciudadanía en pie de igualdad, la responsabilidad social, la protección de los derechos y la transformación digital serán ejes que precisarán de la garantía jurídica registral.

Son pinceladas que miran al futuro y que nos hablan del progreso; un progreso que ha de referenciarse en el ser humano como sujeto de derecho y obligaciones, en un binomio enriquecedor de humanismo y tecnología. Para favorecer los avances e incardinarlos en la estructura jurídica nacional y europea necesitamos a la institución registral, que seguirá dando lo mejor de sí misma para proporcionar a las nuevas generaciones un proyecto de vida próspero e ilusionante.

SOBRE EL AUTOR

maría emilia adán garcía

Decana del Colegio de Registradores de España

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