Pacma logra que la Justicia suspenda el Toro de la Vega horas después de que la Fiscalía le diera su visto bueno

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El Toro de la Vega tampoco cruzará el próximo martes el puente medieval de Tordesillas para el cara a cara con los cincuenta lanceros como máximo que a pie o a caballo, y provistos de divisas sujetas a un arpón, permite el nuevo reglamento con el que el Ayuntamiento vallisoletano quería recuperar el tradicional y polémico festejo al que la reforma de la Junta de Castilla y León en 2016 y la Justicia, después, sacó del calendario.

La Justicia ha infligido su ‘puya’ en forma de medidas cautelares con las que entierra la celebración antes que el morlaco salga de corrales. Pese a que este viernes ha habido unos minutos en los que parecía que ‘Manjar’, el astado elegido, volvería a ser el protagonista del festejo merced a que la Fiscalía de Medio Ambiente decidiera archivar las diligencias preliminares abiertas el jueves tras la denuncia impulsada desde el Gobierno para prohibir la celebración, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) daba al traste con las aspiraciones del Consistorio de la Villa del Tratado, que este año, como mucho, podrá conformarse con un encierro y aseguraba que «no es entendible» el pronunciamiento judicial.

La Sala que preside la magistrada Ana María Martínez Olalla accede a la petición del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), que se ha felicitado por la decisión, y el primer martes después del 8 de septiembre de este 2022 tampoco habrá Toro de la Vega. En forma de medida cautelar ha acordado suspender la ejecutividad de la orden del pasado 5 de julio por la que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio declaró la «conformidad» de la adaptación de las bases para celebrar el Toro de la Vega al decreto autonómico de 2016 y también el acuerdo al respecto del propio Ayuntamiento de Tordesillas. Unas medidas en forma de farragoso fallo que en la práctica, a menos de cinco días y con la localidad a orillas del Duero en plenas fiestas de la Peña, suponen la suspensión cautelar del festejo tal y como estaba previsto.

De hecho, la resolución judicial, en la que se prima la defensa del bienestar animal sobre la tradición del festejo y se rechazan las alegaciones de repercusión económica, reconoce como «evidente» que de no adoptarse la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad de la orden, «el recurso perdería su finalidad legítima puesto que podría otorgarse a su amparo la autorización para la celebración del festejo sin que la parte recurrente tuviera tiempo para poder solicitar la suspensión cautelar de la autorización». Según han confirmado a ABC desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid –competente para otorgar los permisos de los festejos taurinos en esta provincia–, el Toro de la Vega ya contaba ayer con la autorización para su celebración, aunque ahora se «acata» la decisión judicial y queda suspendido en los términos en los que se había planteado.

“Condicionada por la ideología”

Pero el día 7 aún «no» constaba ese parabién. Y es otro de los argumentos a los que se agarra la Sala del TSJ –que también censura que el Consistorio tordesillano esté publicitando un festejo no autorizado– para pronunciarse ahora sobre el recurso. Aunque desde el Ayuntamiento, muy crítico con una decisión judicial que considera «condicionada por la ideología y la presión mediática», afirman que ese día recibieron la resolución autorizando los espectáculos taurinos en Tordesillas, incluido el Toro de la Vega. De haber estado lista esta autorización, alega la Consejería de Medio Ambiente como una de las partes demandadas, la suspensión correspondería a los Juzgados de lo Contenciosos-Administrativo de Valladolid. Sin embargo, al amparo de un fallo del Tribunal Supremo y ante la proximidad de la celebración llevada de nuevo por PACMA ante los tribunales, defiende su legitimidad para pronunciarse «cuando exista riesgo de que el recurso contencioso-administrativo pueda perder su finalidad».

«El ordenamiento jurídico no puede ser ajeno a la realidad y a la ética social de cada momento histórico», esgrime la Sala del TSJ en sus fundamentos jurídicos, en los que hace especial hincapié –también con referencias a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea– a la protección animal. «Consecuentemente –añade–, en la actualidad, es imprescindible acomodar a las exigencias de la sociedad actual algunos» aspectos de espectáculos que si bien tenían acogida en el pasado «hoy se encuentran confrontados con la voluntad y sensibilidad» de una sociedad «que se manifiesta de manera reiterada y creciente» para «insistir en la necesidad de la dignificación de la vida en todas sus manifestaciones». Recoge así los argumentos de la parte recurrente sobre el «daño irreparable» al toro de las lanzas permitidas (2,8 metros de longitud, con un punzón o doble arpón de 80 milímetros, de los que 30 son elementos punzantes). «Comporta un sufrimiento y maltrato al toro que, según la parte recurrente, puede incluso causarle la muerte», recoge la Sala del TSJ en su fallo.

«La tradición sin más no es un argumento para justificar la persistencia de determinados ritos», incide el fallo, que rechaza como argumento para la pervivencia del festejo «la asistencia de un mayor o menor número de visitantes» y recuerda que a nivel europeo los animales son considerados «seres sensibles» y en España se ha aprobado una proposición de ley de cara a «eliminar la cosificación jurídica de los animales».

Entre sus pronunciamientos, también –que descarta cargar a PACMA–, de los que dice que «ni siquiera se han acreditado indiciariamente». Y, destaca, «durante más de cinco años han tenido lugar las fiestas de Tordesillas», desde que entró en vigor en 2016 el decreto que impedía la muerte del morlaco, «por lo que no se ocasiona ningún perjuicio irreparable» de seguir celebrándose como en este tiempo –dos años de pandemia incluidos– .

«Después de que la Fiscalía no vea delito en el Torneo y que contemos con el apoyo de la Junta de Castilla y León, no es entendible que un Tribunal acepte esta medida cautelar», censura el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, quien defiende el trabajo «minucioso, a nivel legislativo y técnico» para adaptar la ordenanza. «Aquí hay mas ideología que Justicia, la decisión judicial se ha tomado condicionada por la presión mediática y política», recrimina el regidor, quien acusa a PACMA de buscar el «mayor daño posible» con su recurso y «manipular, mentir y hacer una campaña de desprestigio al municipio». Ya avanza que, pese a la premura, «se buscará una alternativa viable». Desde la Junta de Castilla y León, ya han avanzado que el festejo puede celebrarse como se hizo desde que entró en vigor el decreto de 2016 en el que se prohibía la muerte el animal.

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